La preocupación de la sociedad civil andaluza hacia el aumento de la pobreza se centra también en la población de nuestra Comunidad. Cada día vemos cómo la crisis internacional afecta a más personas que se quedan sin empleo o no pueden pagar sus créditos hipotecarios.

Las medidas sociales anunciadas para paliar la crisis por parte del Gobierno Andaluz son una respuesta parcheada que no afronta las causas de la pobreza y la exclusión social como lo contempla el anteproyecto de la Ley Andaluza de Inclusión Social.

La crisis no puede ser excusa para no aprobar y presupuestar esta Ley.

• Tres de cada 10 andaluces viven por debajo del umbral de la pobreza.
• Uno de cada cuatro trabajadores andaluces está en paro, superando la cifra de las 823.000 personas en situación de desempleo.
• Siete de cada 10 trabajadores en Andalucía son mileuristas.
  

Por encima de las cifras, hay otra cara: la de las personas que, con crisis o sin ella, viven en situación de pobreza y exclusión social.

• Aprobar la Ley Andaluza de Inclusión Social como marco legal que recoja todas las medidas necesarias para erradicar las situaciones de exclusión y pobreza.
• Garantizar la renta básica como derecho subjetivo de las personas a tener los medios necesarios para la subsistencia en su proceso de integración social.
• Apostar por la inversión social frente a “gasto social”.
• Reconocer al Tercer Sector como agente social.
• Poner en marcha planes locales de inclusión social.
  

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