En el año 2000, 189 Jefes de Estado se comprometieron con el cumplimiento de los 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio para 2015, entre ellos reducir a la mitad el número de personas que pasan hambre. Nueve años después, pasado el ecuador del plazo, estos objetivos siguen lejos de cumplirse. Este año se superarán por primera vez los 1.000 millones de personas que pasan hambre.

Las revisiones anuales de los ODM confirman que la situación es grave y que, detrás de las buenas palabras, hay una evidente falta de voluntad política para erradicar la pobreza. Cumplir los ODM es posible y necesita una inversión hasta infinitamente menor de lo que los gobiernos han destinado a sacar a las entidades financieras de la crisis.

Las promesas de la comunidad internacional siguen sobre el papel, pero eso no sirve más:

• Una promesa no alimenta, no cura, no protege.
• Una promesa no es nada.
  

Detrás de las cifras hay caras, hay nombres, hay personas:

• 1.500 millones viven en situación de pobreza extrema (menos de 1,25 dólares al día).
• 10 millones de niños y niñas mueren anualmente por causas evitables.
• Más de 1.000 millones carecen de acceso al agua.
• Más de 70 millones de niños y niñas siguen sin escolarizar.

• Más ayuda oficial al desarrollo, priorizando a los sectores sociales básicos, hasta alcanzar el compromiso del 0,7%.
• Mejor ayuda, desligada de intereses comerciales, orientada a los países más pobres y coherente con los Objetivos del Milenio.
• Cancelar la deuda de los países más pobres, e invertir estos recursos en su desarrollo.
• Cambiar las normas del comercio internacional que privilegian a los países ricos y a sus negocios.
• Eliminar las subvenciones que permiten exportar los productos de los países ricos por debajo del precio de coste de producción, dañando el sustento de las comunidades rurales en los países empobrecidos.
• Proteger los servicios públicos para asegurar los derechos de alimentación, acceso al agua potable y a medicamentos esenciales.
• Favorecer el acceso a la tecnología por parte de los países menos desarrollados.
  

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía deben apoyar todas estas medidas, asumiendo los compromisos que les competen y que están recogidos en documentos como el Pacto de Estado contra la Pobreza y el Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo 2008-2011.

En ningún caso la crisis debe ser excusa para un recorte de la ayuda en el momento en que 1.000 millones de personas más la necesitan.

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